Socializar las pérdidas y privatizar las ganancias

Ahora que sobre la humanidad se cierne la amenaza de una enfermedad mortal que obliga a que muchos dejemos de trabajar y que pone en jaque a casi todos los sectores de la economía, hay bastantes personas, como Slavoj Žižek, que auguran de modo optimista la caída del modelo neoliberal y el surgimiento de una sociedad más fraterna. Respaldan esa idea hechos como la caída en los precios internacionales del petróleo, el rápido avance del COVID-19 en Estados Unidos y la consecuente inestabilidad de su mercado, e incluso la reacomodación y el retroceso de sus tropas en algunos lugares porque los soldados han caído enfermos o están en cuarentenas obligatorias.

Frente a esas perspectivas vale la pena considerar que aunque la economía mundial atraviesa en este momento una de sus fases críticas, puede incluso que se trate de una de las más importantes desde que se implementó el modelo neoliberal, también es cierto que no es esta la primera crisis por la que pasa y que, probablemente, no será tampoco la última. Y, aunque quisiera mantenerme optimista, me preocupa que el optimismo nos lleve a bajar la guardia, de un lado y de otro, que al lado de los hechos que predicen el final de este modelo aparecen también una serie de hechos que demuestran todo lo contrario: el crecimiento de las medidas de control social basadas en el miedo, el aumento de la especulación ante la posibilidad de que ciertos mercados queden destruidos y puedan ser inundados luego con mercancías que ya no tienen posibilidad de circular en los países productores, y el auge de la corrupción, que en últimas, es el aceite que mantiene engrasada la maquinaria neoliberal.

Sobre esta última aparecen pequeños actos de corrupción que son detestables y censurables, como la contratación pública con sobreprecio aprovechando la ganga que tienen ahora los gobernantes locales para aplicar la contratación directa y elegir a dedo a los contratistas. Comportamientos inmorales que ponen en duda la posibilidad de que, después de esto podamos construir una sociedad más solidaria, pero que palidecen y quedan casi como meras anécdotas ante la gravedad de otras formas de corrupción a mayor escala y con mayor sofisticación.

No es necesario echarle mucho seso al asunto, basta con leer primero el decreto legislativo 444 de 2020, expedido por el presidente en virtud del Estado de Emergencia. Este decreto le permite tomar prestados recursos que en principio pertenecen a las entidades territoriales y que, por su destinación, no deberían ser administrados por el gobierno central, para crear un fondo dedicado a atender la crisis pero que dentro de sus objetivos declarados tiene que darle liquidez a la banca y que a los más necesitados terminará dando en promedio menos de $78.000 pesos (20 dólares) por persona, mientras recarga la atención más prioritaria y costosa (pago de servicios públicos, reducción de los impuestos, ampliación de la capacidad hospitalaria) en los municipios, sin girarles parte del dinero del fondo que se ha construido con sus recursos.

Lo peor es que, junto a este, aparecen otros tres movimientos que buscan subsidiar la banca de un modo que debería por lo menos sonrojarnos. Los dos primeros fueron demostrados en una rueda de prensa la semana pasada por los congresistas Jorge Gómez y Jorge Robledo. El primer movimiento consistió en permitirles reducir el encaje bancario en un 3%, es decir que por cada 100 pesos en cada cuenta de ahorros el banco debía guardar 11 pesos y hoy solo debe guardar 8. Con los 3 pesos liberados se supone que debieron bajar sus tasas de interés y ofrecer líneas de crédito más flexibles, sobre todo para las empresas, sin embargo esto no pasó y lo que aparentemente hicieron fue recomprar sus acciones para aumentar artificialmente su valor en la bolsa de valores en un 27% en un momento en que todas las demás acciones caían.

El segundo movimiento fue el ofrecimiento a la banca por parte del Gobierno de unos bonos de deuda pública llamados “Bonos solidarios” por más de 9 billones de pesos y con unos intereses que le reportarán a los bancos utilidades superiores a los 500.000 millones de pesos, a pesar de que este préstamo podía ser hecho por el Banco de la República y dichas utilidades habrían podido retornar al Estado para hacer con ellas inversión pública.

El retrato de Colombia – Débora Arango

El tercer movimiento de esta orquesta pésimamente dirigida por Duque y Carrasquilla consiste en subsidiar los fondos privados de pensiones, que durante décadas han acorralado y acosado al sistema público para que deje de existir, justamente con el dinero de ese sistema. ¡Vaya paradoja! Que una de las principales banderas del neoliberalismo colombiano se aproveche, finalmente, de los subsidios estatales para poder subsistir, a pesar de que llevan por lo menos tres décadas hablando de lo insostenible que supuestamente es la participación del Estado en ese sector de la economía.

Hay una frase ha aparecido una y otra vez en boca de distintos críticos y ante distintas situaciones complejas en distintas sociedades. Parece que, pase lo que pase, todas las veces que la humanidad está en jaque hay algunos que echan mano de la situación para obtener beneficios mientras el resto de la sociedad se hunde. Ante eso aparece como un coro gastado esa expresión, que a pesar de todo no pierde sonoridad, “socializar las pérdidas y privatizar las ganancias”. Y no hay otro modo de decirlo, aunque sí muchas formas de probarlo, por lo menos en el caso colombiano.

Mientras los Bancos ganan por todos los lados, la industria y el agro se ven amenazados y sin posibilidad de obtener subsidios del gobierno que les permitan soliviar la crisis por la que atraviesan y continuar pagando a sus trabajadores, las clases más empobrecidas no logran obtener ayudas suficientes para soportar el desempleo, las clases medias se enfrentan a un aumento en sus impuestos que ya comenzó atacando los salarios de los trabajadores del Estado y que sin duda no se detendrá ahí, al mismo tiempo que ven amenazados sus puestos de trabajo, los municipios han sido recargados con obligaciones que difícilmente podrán cumplir sin ver afectadas gravemente sus finanzas, el propio Estado Central es hoy, sin que fuera necesario, 500.000 millones de pesos más pobre y ante esto no queda sino la duda de ¿por qué mientras la inmensa mayoría soportamos la crisis, hay una minoría absoluta que se queda con todas las ganancias? ¿No es acaso esa la forma de corrupción más despreciable de todas? ¿Aquella que se vale del dolor, el hambre y la pobreza de la mayoría para hacer su agosto?

Ser optimista en este escenario es difícil, sin embargo no todo el panorama se nos presenta oscuro, al fondo parece haber sí, por fin, una luz promisoria: el velo comienza a caer y algunos sectores comienzan a plantear críticas necesarias y actitudes de gran valor cívico, aparecen empresarios como Jimmy Mayer planteando críticas serias a los tratados de libre comercio y exponiendo la necesidad de reactivar nuestra economía interna fortaleciendo la industria nacional de cara a generar no solo más riqueza, sino también mejores empleos y mejor pagos. Aparecen evidencias del potencial industrial que tenemos y que no se ha desarrollado, nuestras universidades aliadas con la industria local están produciendo ventiladores mecánicos para las UCI a una fracción del costo internacional, mientras los especuladores han inflado los precios de estos equipos de un modo vulgar, en todas partes la gente comienza a hacerse cada vez más consciente de la necesidad de garantizar la soberanía alimentaria y cortar la dependencia que tenemos de las importaciones de alimentos.

No va a ser la crisis sola la que derrumbe los prejuicios económicos con los que han mantenido empobrecida a la gente y sometidas a las naciones pobres como Colombia durante las últimas tres décadas, puede incluso que de esta crisis se levanten con más fuerza, con más voracidad, las aves de rapiña que especulan con la miseria de los otros. Pero quizá algo positivo puede llegar a salir de todo esto: que la indignación crezca, que el velo del prejuicio neoliberal caiga y que aumente la disposición a ponernos de acuerdo en cambiar las perspectivas de desarrollo. Es posible que por fin notemos que los empresarios de la industria y el agro, la clase media, los trabajadores, los campesinos, que somos los que recibimos las pérdidas de la crisis somos muchísimos más que aquellos que se apropian de las ganancias y que estamos en condiciones de ponernos de acuerdo para arrebatarles de una vez por todas el poder.

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